CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza.-Aviones israelíes han atacado uno de los principales complejos de seguridad de Hamas en Ciudad de Gaza, en donde se incluye una prisión.
Testigos dijeron que los aviones israelíes lanzaron tres bombas sobre el complejo de Seraya, en el centro de Gaza. La detonación rompió las ventanas cercanas, entre ellas varias de la oficina de The Associated Press.
En el Seraya, los equipos de rescate empezaron a excavar entre los escombros. Hamas disparó al aire para mantener lejos a los familiares de los reos.
Al menos 230 personas han muerto luego de que aviones de combate israelíes dejaron caer más de 100 bombas sobre posiciones de los organismos de seguridad del grupo Hamas en Gaza durante el sábado y domingo, en uno de los más cruentos ataques ocurridos dentro del conflicto en el Medio Oriente.
La mayor parte de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad, pero funcionarios palestinos dijeron que al menos 15 civiles se cuentan entre los muerto. Más de 400 personas resultaron heridas también.
domingo, 28 de diciembre de 2008
Denuncias corrupción sacuden al Gobierno
El Nacional
Las denuncias y los escándalos de corrupción arroparon al gobierno el año que concluye y sectores de la población que tradicionalmente lo respaldaban le retiraron el apoyo incómodos por la supuesta permisión con las acciones delictivas.
La primera denuncia de corrupción la hizo la Oposición que acusó a Fernández de uso y abuso de los recursos del Estado para facilitar su reelección presidencial.
Instituciones privadas criticaron que el gobierno destinara en los primeros meses de este año más de 50 millones de pesos en publicidad y propaganda con el propósito de inducir al votante a que votara morado.
Esos cuestionamientos ocasionaron que el gobierno respondiera esos cuestionamientos y tildara a esas organizaciones de “perredeístas”.
Los perredeístas y reformistas acusaron a Fernández de “comprar y torcer voluntades con el dinero del pueblo”.
Durante la campaña, el Partido Revolucionario Dominicano acusó al gobierno de firmar ilegalmente el contrato de 130 millones de pesos con la empresa Sun Land, porque debió ser sometido al Congreso Nacional y no se hizo.
La la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible por falta de calidad de demandante, la instancia de ilegalidad sometida por el PRD.
El más alto Tribunal reconoció la ilegalidad del contrato y estableció que sólo los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados tenían calidad para elevar recursos contra ese tipo de contrato.
En agosto el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Wilton Guerrero, acusó a sectores militares y del gobierno apadrinar el narcotráfico en Peravia y la región Sur.
Por su denuncia fueron cancelados oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas y la Policía, implicadas en esa acción delictiva, así como miembros del Ministerio Público.
Las investigaciones sobre el caso continúan junto con el bombardeo de drogas en la fronteriza Pedernales, denunciado por su senador, licenciado Dionis Sánchez.
El doctor Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del PLD, denunció que hay dirigentes de esa organización que se han valido de sus cargos en el gobierno para enriquecerse.
En su columna publicada en El Nacional, advertía a estos peledeístas que si el PRD retornaba al poder “irían presos hasta el presidente Leonel Fernández”.
Pidió la intervención del Comité Político para sancionar a esos peledeístas que dijo son minorías, pero que están “enquistados en buenas posiciones en el gobierno”.
El secretario general del PLD, doctor Reinaldo Pared Pérez, emplazó a Gutiérrez Féliz a que diga los nombres de esos supuestos funcionarios corruptos.
La acusación de que en el remozamiento del Palacio de Bellas Artes se destinaron más recursos que lo presupuestado, fue otro de los escándalos que sacudieron al gobierno en el año que concluye.
El cobro completo de la regalía pascual de los miembros de la Cámara de Cuentas, propuestos por el presidente Fernández y aprobado por el Senado de mayoría peledeísta, fue otro de los escándalos de fin de año.
Cercados por la opinión pública y todos los sectores que calificaron como una injusticia que un funcionario con 55 días en el cargo cobre una regalía pascual completa e incentivos por casi un millón de pesos, obligó a que los miembros de la Cámara de Cuentas devolvieran ese dinero.
Los indultos a la banquera Vivian Lubrano, condenada a ocho años de prisión por el caso de la quiebra del Banco Inter Continental (Baninter), a Antonio Marte, empresario del transporte junto a otros condenados en el Plan de Renovación de Vehículos (Renove), provocó indignación en la mayoría de la población, incluyendo funcionarios y legisladores del gobierno.
El diputado del PLD por Santo Domingo Este, licenciado José Ramón Cabrera, dijo que “enlutecen a estas navidades, las acciones indebidas de la Cámara de Cuentas y los indultos del presidente”.
Varios escándalos sacudena la opinión pública nacional
Faltando cuatro días para que inicie el 2009, hay menos cinco hechos recientes han pasado a ser escándalos que provocaron fuertes cuestionamientos en distintos sectores. La sociedad dominicana aún no acaba de reponerse del impacto que generaron estos casos
En los días finales del 2008, al menos cinco casos han sacudido a la sociedad dominicana y escandalizado a la opinión pública.
Los cuestionados indultos a una ex ejecutiva bancaria y a 4 implicados en el desfalco del Plan Renove; la sentencia en torno al caso de la Sun Land; los jueces de la Cámara de Cuentas y el afán que tenían por cobrar una regalía pascual que no se ganaron; la intención del Ejecutivo de que se usen los fondos de pensiones en construir viviendas, y el hecho de que no se divulgara el costo real de la remodelación del Palacio de Bellas Artes.
El perdón presidencial otorgado el pasado 23 de diciembre a cinco reclusos implicados en dos grandes actos de corrupción fue la gota que rebosó la copa entre una sucesión de episodios que provocaron el repudio de distintos sectores, y pusieron en entredicho la conducta de los actores e instituciones participantes.
La noticia de que la ex banquera Vivian Lubrano de Castillo y los implicados en el sonado caso del Plan Renove, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y el dirigente perredeísta Pedro Franco Badía fueron puestos en libertad, por disposición del presidente Leonel Fernández, creó malestar entre ciudadanos que aún confían en el fortalecimiento institucional y del sistema de justicia.
Lubrano de Castillo fue condenada a cinco años de prisión, junto a los banqueros Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Luis Álvarez Renta. Los tres últimos cumplían condena de diez años de prisión.
A todos se les acusa de haber sido artífices de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), y de provocar un déficit financiero de 55 mil millones de pesos, en perjuicio de miles de ahorrantes y del Estado dominicano.
A pesar de la condena que debió cumplir en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, Lubrano de Castillo nunca supo lo que es estar tras las rejas.
Desde que fue notificada de la condena que debía cumplir, por su responsabilidad en el fraude bancario más grande de la historia dominicana, fue declarada con varios padecimientos de salud de carácter emocional, y se recluyó en una importante clínica de la capital.
Pero, un día después de que el presidente Fernández la redimiera de todo tipo de culpa, Lubrano de Castillo fue dada de alta y despachada para su casa. La decisión de Fernández causó tanta indignación y rechazo que provocó la renuncia de cuatro miembros de la Comisión de Indultos.
Los renunciantes fueron los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, fray Arístides Jiménez Richardson y la arquitecta Marisela Vargas.
Incluso, en el litoral oficial cayeron mal los indultos del Presidente. Los diputados peledeístas Manuel Jiménez, Gustavo Sánchez, Jesús Martínez Alberti y Radhamés Vásquez criticaron duramente la disposición del Jefe del Estado, por entender que envía un mensaje negativo a la sociedad.
Los cuatro implicados en el Plan Renove indultados por el Presidente fueron acusados y condenados por desfalcar al Estado dominicano con 1,800 millones de pesos a través del Programa de Renovación Vehicular (Renove).
Poco antes de la repulsa que desató la gracia concedida a cinco reos condenados por corrupción y desfalco al Estado, los dominicanos acababan de salir del “shock” originado por la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia a favor del préstamo por 130 millones de dólares con la empresa Sun Land.
Este fallo, evacuado el pasado 18 de diciembre, no solo puso de manifiesto lo que muchos ven como una muestra más de la debilidad del Poder Judicial, sino que destapó la existencia de serias divisiones a lo interno de la Suprema Corte de Justicia.
Esto último se advierte al analizar las opiniones vertidas por los únicos tres jueces que votaron a favor del recurso de inconstitucionalidad contra el préstamo con Sun Land, sometido ante la Suprema Corte de Justicia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo.
Los votos disidentes contra la sentencia que finalmente declaró inadmisibles sendos recursos de inconstitucionalidad fueron los de los jueces Ana Rosa Bergés Dreyfous, Julio Aníbal Suárez y Eglis Margarita Esmurdoc.
Ellos defendieron el criterio de que las acciones encaminadas contra el préstamo con la Sun Land debieron ser admitidas por la Suprema Corte de Justicia, ya que -a su juicio- no existía ninguna causa válida que justificara su inadmisibilidad.
Estos magistrados declararon a un periódico de circulación nacional que en la Suprema Corte existen tres corrientes que inciden en la toma de decisiones del más alto tribunal de justicia, que estarían encabezadas por su presidente Jorge Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo y Esmurdoc.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se inscribió dentro de los sectores y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron esta sentencia, diciendo que “la misma debilita el estado de derecho y la seguridad jurídica, al tiempo que significa un injustificable retroceso en materia de acceso a la justicia constitucional de todos los dominicanos”.
Otro escándalo comenzaba a cobrar fuerza en la vida nacional: la aprobación del pleno de la Cámara de Cuentas de cobrar sin corresponderles RD$422,500, por concepto de regalía pascual, teniendo solo dos meses y 23 días en sus puestos.
Debido a las presiones externadas por la opinión pública y distintos sectores, los miembros de ese organismo decidieron devolver el monto cobrado.
Dos hechos polémicos
A estos escándalos se suman otras dos acciones protagonizadas por el Poder Ejecutivo.
La primera se refiere al anuncio del presidente Fernández, de que sometería al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que permita al Gobierno usar los 68 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones para ser utilizados en la construcción de viviendas para personas de escasos recursos económicos y otros proyectos de infraestructura.
La segunda acción que suscitó indignación y repudio fue el hecho de que no se divulgara el costo real de la remodelación del Palacio de Bellas Artes.
En principio, se dijo que esta obra había costado RD$700 millones. Pero después se ofrecieron detalles respecto a que fueron RD$1,600 millones los destinados.
En los días finales del 2008, al menos cinco casos han sacudido a la sociedad dominicana y escandalizado a la opinión pública.
Los cuestionados indultos a una ex ejecutiva bancaria y a 4 implicados en el desfalco del Plan Renove; la sentencia en torno al caso de la Sun Land; los jueces de la Cámara de Cuentas y el afán que tenían por cobrar una regalía pascual que no se ganaron; la intención del Ejecutivo de que se usen los fondos de pensiones en construir viviendas, y el hecho de que no se divulgara el costo real de la remodelación del Palacio de Bellas Artes.
El perdón presidencial otorgado el pasado 23 de diciembre a cinco reclusos implicados en dos grandes actos de corrupción fue la gota que rebosó la copa entre una sucesión de episodios que provocaron el repudio de distintos sectores, y pusieron en entredicho la conducta de los actores e instituciones participantes.
La noticia de que la ex banquera Vivian Lubrano de Castillo y los implicados en el sonado caso del Plan Renove, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y el dirigente perredeísta Pedro Franco Badía fueron puestos en libertad, por disposición del presidente Leonel Fernández, creó malestar entre ciudadanos que aún confían en el fortalecimiento institucional y del sistema de justicia.
Lubrano de Castillo fue condenada a cinco años de prisión, junto a los banqueros Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Luis Álvarez Renta. Los tres últimos cumplían condena de diez años de prisión.
A todos se les acusa de haber sido artífices de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), y de provocar un déficit financiero de 55 mil millones de pesos, en perjuicio de miles de ahorrantes y del Estado dominicano.
A pesar de la condena que debió cumplir en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, Lubrano de Castillo nunca supo lo que es estar tras las rejas.
Desde que fue notificada de la condena que debía cumplir, por su responsabilidad en el fraude bancario más grande de la historia dominicana, fue declarada con varios padecimientos de salud de carácter emocional, y se recluyó en una importante clínica de la capital.
Pero, un día después de que el presidente Fernández la redimiera de todo tipo de culpa, Lubrano de Castillo fue dada de alta y despachada para su casa. La decisión de Fernández causó tanta indignación y rechazo que provocó la renuncia de cuatro miembros de la Comisión de Indultos.
Los renunciantes fueron los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, fray Arístides Jiménez Richardson y la arquitecta Marisela Vargas.
Incluso, en el litoral oficial cayeron mal los indultos del Presidente. Los diputados peledeístas Manuel Jiménez, Gustavo Sánchez, Jesús Martínez Alberti y Radhamés Vásquez criticaron duramente la disposición del Jefe del Estado, por entender que envía un mensaje negativo a la sociedad.
Los cuatro implicados en el Plan Renove indultados por el Presidente fueron acusados y condenados por desfalcar al Estado dominicano con 1,800 millones de pesos a través del Programa de Renovación Vehicular (Renove).
Poco antes de la repulsa que desató la gracia concedida a cinco reos condenados por corrupción y desfalco al Estado, los dominicanos acababan de salir del “shock” originado por la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia a favor del préstamo por 130 millones de dólares con la empresa Sun Land.
Este fallo, evacuado el pasado 18 de diciembre, no solo puso de manifiesto lo que muchos ven como una muestra más de la debilidad del Poder Judicial, sino que destapó la existencia de serias divisiones a lo interno de la Suprema Corte de Justicia.
Esto último se advierte al analizar las opiniones vertidas por los únicos tres jueces que votaron a favor del recurso de inconstitucionalidad contra el préstamo con Sun Land, sometido ante la Suprema Corte de Justicia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo.
Los votos disidentes contra la sentencia que finalmente declaró inadmisibles sendos recursos de inconstitucionalidad fueron los de los jueces Ana Rosa Bergés Dreyfous, Julio Aníbal Suárez y Eglis Margarita Esmurdoc.
Ellos defendieron el criterio de que las acciones encaminadas contra el préstamo con la Sun Land debieron ser admitidas por la Suprema Corte de Justicia, ya que -a su juicio- no existía ninguna causa válida que justificara su inadmisibilidad.
Estos magistrados declararon a un periódico de circulación nacional que en la Suprema Corte existen tres corrientes que inciden en la toma de decisiones del más alto tribunal de justicia, que estarían encabezadas por su presidente Jorge Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo y Esmurdoc.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se inscribió dentro de los sectores y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron esta sentencia, diciendo que “la misma debilita el estado de derecho y la seguridad jurídica, al tiempo que significa un injustificable retroceso en materia de acceso a la justicia constitucional de todos los dominicanos”.
Otro escándalo comenzaba a cobrar fuerza en la vida nacional: la aprobación del pleno de la Cámara de Cuentas de cobrar sin corresponderles RD$422,500, por concepto de regalía pascual, teniendo solo dos meses y 23 días en sus puestos.
Debido a las presiones externadas por la opinión pública y distintos sectores, los miembros de ese organismo decidieron devolver el monto cobrado.
Dos hechos polémicos
A estos escándalos se suman otras dos acciones protagonizadas por el Poder Ejecutivo.
La primera se refiere al anuncio del presidente Fernández, de que sometería al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que permita al Gobierno usar los 68 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones para ser utilizados en la construcción de viviendas para personas de escasos recursos económicos y otros proyectos de infraestructura.
La segunda acción que suscitó indignación y repudio fue el hecho de que no se divulgara el costo real de la remodelación del Palacio de Bellas Artes.
En principio, se dijo que esta obra había costado RD$700 millones. Pero después se ofrecieron detalles respecto a que fueron RD$1,600 millones los destinados.
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