El
presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini
declaró alta preocupación por las interceptaciones telefónicas que
descaradamente han presentado funcionarios y legisladores para apoyar posiciones
del gobierno.Vidal Potentini restó credibilidad a la denuncia de que el ex coronel Pedro Julio Goico, "Pepe Goico", planifique un complot para dar un golpe de estado al gobierno de Haití.
Manifestó que las escuchas telefónicas es un tema de alta preocupación para la sociedad civil por la fecuencia que están sucediendo y advirtió que con esa práctica se violan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Exhortó al presidente Leonel Fernández a tomar cartas en el asunto antes de que la situación se salga de control y provoque hechos no deseados. Recordó que el escándalo Watergate en Estados Unidos, provocó la renuncia del presidente Richard Nixon.
"El presidente debe de tomar esta situación muy en serio, porque los organismos de seguridad, solo están interceptando teléfonos de la oposición, y esta situación se puede mal interpretar", expresó Vidal Potentini.
La cantidad de denuncias de supuestas interceptaciones de llamadas "está provocando un serio problema que preocupa en todo ámbito social, jurídico y militar, al punto de que la población le está dando poca credibilidad a las declaraciones de las supuestas conversaciones que han surgido", dijo.
En ese mismo sentido el jurista Rafael Ariza, señaló que la interceptación de llamadas telefónicas, proviene de muchos años atrás, ya que el espionaje siempre ha existido en los organismos de seguridad del Estado.
Con relación al caso de Pepe Goico, precisó que si hubo una orden de un juez, se debió esperar la culminación del proceso y demostrar la culpabilidad del ex coronel, para hacer pública esa conversación.
Considera que las autoridades se adelantaron a los hechos, ciuando el ministro de prednsa de la presidencia, el vocero del presidente Fernández, señor Rafael Núñez, presentó las voces de Goigo Guerrero y un amigo haitiano para formular una denuncia contra el excoronel.
Agrega que "ningún tribunal puede condenar a nadie sobre la base de la ilegalidad y el simple hecho de hacer pública la grabación esto contamina la prueba y no puede ser ponderada por los jueces porque se violaron los procedimientos".
Ariza precisó que el Ministro de Información, Prensa y publicidad de la presidencia, puede ser destituido de sus funciones y condenado hasta a cinco años de prision según las leyes por haber hecho pública esta información.
Puntualizó que la alegada conversación nunca debió publicarse porque así se viola el derecho a la intimidad de un ciudadano y debe darse a conocer quién suministró la información
