La empresa informó que adopta la decisión después de conocer el informe rendido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizado en atención a una solicitud del gobierno dominicano, para que evaluara el proyecto. “Tenemos consistentes desacuerdos sobre ese informe, claramente sesgado, pero entendemos que en nada conviene continuar una discusión que ya rebasa el marco de la legítima actividad empresarial, por lo que hemos optado por ubicar el proyecto en otro lugar”, informó el Consorcio.
La compañía anunció que conforme a la libertad de empresa, al predominio y al imperio de las leyes de la República que protegen la inversión privada, ha evaluado nuevas opciones para instalar una moderna planta procesadora de cemento.
Declaró que en atención al legítimo interés de los consumidores, “es necesario que el negocio del cemento no siga siendo manipulado por un cártel que se reparte cuotas y fija precios en desmedro de los más elementales principios de la sana competencia”.
