SANTO DOMINGO.- Miles de personas han sido apresadas por fraude eléctrico en manos de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), según informó el organismo.
No obstante, la PGASE se queja de que los jueces ponen otras medidas de coerción diferente a la solicitada por los fiscales de esa dependencia, que consisten en prisión preventiva. De los últimos 500 casos, 300 han sido resueltos con una conciliación y otras salidas alternativas.
Al participar en el Seminario Internacional sobre Mejores Practicas en la Gestión de Perdidas Comerciales en el Sector Eléctrico, el magistrado Moisés Ferrer exhortó al sector eléctrico a lanzar una campaña de concienciación dirigida a los jueces, mediante la cual se les explique el daño que causa el fraude eléctrico a la economía del país.
Además, llamó la atención a las compañías distribuidoras a transparentar su actuación frente a la PGASE en los casos resueltos, porque cuando presentan acusaciones para conseguir sentencias definitivas, concilian los casos sin informar a la Procuraduría, razón por lo cual esos expedientes son archivados.
Ferrer dijo que no se opone a que los casos sean conciliados dado que esa forma de solución de conflictos se corresponde con la visión moderna del Derecho Procesal Penal, pero instó a las distribuidoras a realizar un trabajo en conjunto, de forma tal que puedan ser conocedores de las informaciones relativas al tema.
No obstante, la PGASE se queja de que los jueces ponen otras medidas de coerción diferente a la solicitada por los fiscales de esa dependencia, que consisten en prisión preventiva. De los últimos 500 casos, 300 han sido resueltos con una conciliación y otras salidas alternativas.
Al participar en el Seminario Internacional sobre Mejores Practicas en la Gestión de Perdidas Comerciales en el Sector Eléctrico, el magistrado Moisés Ferrer exhortó al sector eléctrico a lanzar una campaña de concienciación dirigida a los jueces, mediante la cual se les explique el daño que causa el fraude eléctrico a la economía del país.
Además, llamó la atención a las compañías distribuidoras a transparentar su actuación frente a la PGASE en los casos resueltos, porque cuando presentan acusaciones para conseguir sentencias definitivas, concilian los casos sin informar a la Procuraduría, razón por lo cual esos expedientes son archivados.
Ferrer dijo que no se opone a que los casos sean conciliados dado que esa forma de solución de conflictos se corresponde con la visión moderna del Derecho Procesal Penal, pero instó a las distribuidoras a realizar un trabajo en conjunto, de forma tal que puedan ser conocedores de las informaciones relativas al tema.
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