BOGOTÁ.- México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada en el estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países de la región que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en EE.UU., manifestaron sus temores por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y la persecución que se puede desatar contra éstos.
México alertó hoy de que la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación "representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto".
"El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales", expresó manifestó la Oficina de la Presidencia mexicana a través de un comunicado.
Ayer, la Cancillería de este país dijo incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.
Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati, la normativa promulgada "pisotea" los derechos de los inmigrantes.
Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado su "profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que ésta "amenaza las nociones básicas de justicia".
También el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó el viernes su temor porque la ley desate "una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos".
Poco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó que El Salvador expresaría su preocupación "en los espacios de diálogo" que mantiene con el Gobierno federal de Estados Unidos.
Su ministerio alertó en un comunicado que la ley "criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico".
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país, y en ese estado viven más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin papeles.
Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países de la región que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en EE.UU., manifestaron sus temores por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y la persecución que se puede desatar contra éstos.
México alertó hoy de que la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación "representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto".
"El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales", expresó manifestó la Oficina de la Presidencia mexicana a través de un comunicado.
Ayer, la Cancillería de este país dijo incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.
Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati, la normativa promulgada "pisotea" los derechos de los inmigrantes.
Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado su "profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que ésta "amenaza las nociones básicas de justicia".
También el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó el viernes su temor porque la ley desate "una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos".
Poco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó que El Salvador expresaría su preocupación "en los espacios de diálogo" que mantiene con el Gobierno federal de Estados Unidos.
Su ministerio alertó en un comunicado que la ley "criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico".
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país, y en ese estado viven más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin papeles.
De EFE
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