Santo Domingo, D.N.- El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, informó que les fueron impuestas medidas de coerción a siete personas mediante la modalidad de garantía económica, por violación del artículo 125a de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 379 y 401 del Código Penal. Ferrer declaró que los jueces de atención permanente impusieron un millón 55 mil 500 pesos como garantía económica a los justiciados por cometer fraude energético en detrimento de las empresas distribuidoras de Electricidad del Norte y del Este. El Magistrado Ferrer reveló que a Austria Andrea Bueno, la jueza de Atención Permanente de Santiago, Agueda del Carmen García, le impuso 300 mil pesos como garantía económica al ser encontrada en fragrante delito por segunda ocasión.
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